MADRID. El candidato del Partido Popular a la presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, asegura que mantendrá para las elecciones generales del 20 de noviembre “exactamente el mismo” programa en materia de inmigración que la formación ha venido defendiendo en los últimos años y entre cuyas propuestas está la creación de un contrato de integración para inmigrantes.

“Nuestro programa de inmigración es exactamente el mismo que el que hemos presentado a lo largo de estos años. Exactamente el mismo”, ha reiterado en una entrevista con Europa Press, preguntado por la continuidad de la citada propuesta.

Según ha explicado, en el PP son “partidarios de que la gente que pueda venir a España y pueda ganarse la vida dignamente que lo haga”. “Lo que queremos simplemente, es que esas personas tengan los mismos derechos que los españoles pero también los mismos deberes y las mismas obligaciones”, ha añadido.

Esta propuesta data del programa electoral que el Partido Popular presentó para las elecciones generales de 2008 y tomó fuerza con los comicios autonómicos en Cataluña, al convertirse en una de las medidas estrella de la entonces candidata a la Generalitat, Alicia Sánchez-Camacho. Aunque la formación llegó incluso a registrar esta iniciativa en el Parlamento catalán, CiU, PSC, ICV-EUiA y ERC rechazaron debatirla.

El contrato de integración plantea que los inmigrantes se comprometan por escrito a “cumplir las leyes, aprender la lengua y respetar las costumbres de los españoles”, afectaría a todo aquel que quisiera obtener un permiso de residencia en España de más de un año de vigencia e incluiría el requisito de abandonar el país en caso de perder el empleo, según explicó el propio Rajoy cuando introdujo la propuesta en 2008.

“Creo que la aportación de mucha gente que ha venido de fuera ha sido muy importante, para ellos, pero también para nosotros y para el conjunto del país. Igual que muchos españoles que se han ido fuera han aportado mucho al país que los ha acogido”, ha apostillado el líder del PP. ep

MADRID. A partir de este viernes entra en vigor la modificación de los artículos 31 bis y 59 bis de la Ley de Extranjería para que no se pueda incoar un expediente de expulsión a las mujeres que, estando en situación irregular, denuncien violencia de género o trata, y para que sus hijos y quienes dependan de ellas tengan acceso a protección y permisos de residencia.

De esta forma, el texto, una proposición de Ley aprobada definitivamente el pasado 14 de julio por el Parlamento y publicada el jueves en el BOE, establece que no se podrá incoar una orden de expulsión para una mujer extranjera que haya denunciado un delito de trata “tanto durante la fase de identificación de las víctimas, como durante el período de restablecimiento y reflexión” y que se suspenderá el expediente administrativo sancionador que se le hubiere incoado o, en su caso, la ejecución de la expulsión o devolución eventualmente acordadas.

Asimismo, se amplía la protección de las autoridades a “los hijos menores de edad o con discapacidad” de la víctima de trata que se encuentren en España en el momento de la identificación y les extiende la posibilidad de acceder al retorno asistido o a las autorizaciones de residencia o trabajo que ya se contemplan para la denunciante.

“Finalizado el período de reflexión las administraciones públicas competentes realizarán una evaluación de la situación personal de la víctima a efectos de determinar una posible ampliación del citado periodo”, añade el redactado al artículo 59 bis.

Además, se incorpora a la ley que “si al denunciarse una situación de violencia de género contra una mujer extranjera se pusiera de manifiesto su situación irregular, el expediente administrativo sancionador por infracción no será incoado hasta la resolución del procedimiento penal”, algo, por otra parte, que debería recoger el nuevo Reglamento de la Ley. ep

“Obedece a razones laborales”

MADRID. El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha asegurado que la decisión de restablecer los permisos de trabajo como requisito para que los ciudadanos rumanos puedan acceder al mercado laboral español no ha sido una decisión “fácil”, durante la reunión con su homólogo rumano, Sebastián Lazaroiu que se ha celebrado este jueves en Madrid.

De este modo, durante el encuentro, Gómez ha señalado que esta medida se debe “exclusivamente a razones laborales”, ya que España está sufriendo una crisis con elevados índices de desempleo. “No tiene nada que ver con obstaculizar la libre circulación de trabajadores en la Unión Europea, sino con la situación laboral de España”, matizó Gómez. Por ello, ha recalcado que “se debe esperar a que la situación española adquiera un impulso y no prolongar una situación que aumente el desempleo de la población, especialmente la de la población rumana residente en España, cuya tasa de empleo ha superado el 30 por ciento”.

Por su parte, el ministro de Rumanía ha manifestado su comprensión hacia la decisión tomada por el Gobierno de España, debido a que su país también ha sufrido con anterioridad una situación similar y a la rapidez con la que se les ha informado de esta medida.

Asimismo, Lazaroiu ha informado de la creación de unos grupos de trabajo, desde los que se seguirá la implantación de estas medidas para “evitar el abuso de la norma”. Igualmente, ha asegurado que “son muy optimistas y que esperan que este período sea muy breve”. Por último, ha afirmado que la confirmación pendiente de la Comisión Europea en cuanto a la aprobación de la moratoria “es importante”, sin embargo “no están dispuestos a quedarse esperando y quieren comprobar cómo funciona”.

Los ciudadanos rumanos que quieran venir a trabajar a España por cuenta ajena a partir de ahora deberán tramitar una autorización previa basada en la existencia de un contrato de empleo. En ningún caso, la medida tendrá efecto alguno sobre aquellos rumanos que ya están trabajando en España o en situación de desempleo en nuestro país, según ha informado el Ministerio de Trabajo e Inmigración. ep

ITALIA. El Consejo de Ministros italiano ha aprobado este jueves las modalidades del ‘acuerdo de integración entre el extranjero y el Estado’ que obliga a los extranjeros a realizar un curso formativo de dos años para aprender italiano y conocer la organización de las instituciones para obtener el permiso de residencia en Italia, según informa el diario ‘La Stampa’.

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