Según las estimaciones de población actual difundidas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el año pasado salieron de España 507.740 personas, de las que 62.580 eran de nacionalidad española. En el mismo periodo, llegaron al país 457.650 personas, entre ellas, 42.127 españoles. Seguir leyendo..

La barrera se cruzó en el primer trimestre del año, y el último dato facilitado por la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, actualizado a 31 de septiembre, fija en 5,2 millones de personas el número de extranjeros que viven en España con un permiso de residencia tras un incremento interanual del 9,2%, en general, y del 11,7% entre los procedentes de países no miembros de la UE. Seguir leyendo

]]> http://www.migraenlace.es/mas-de-5-millones-de-inmigrantes-en-espana/feed/ 0 http://www.migraenlace.es/interior-e-inmigracion-firman-un-protocolo-para-documentar-y-perseguir-los-casos-de-racismo/ http://www.migraenlace.es/interior-e-inmigracion-firman-un-protocolo-para-documentar-y-perseguir-los-casos-de-racismo/#comments Mon, 14 Nov 2011 17:25:28 +0000 administrador http://www.migraenlace.es/?p=2524 MADRID. Los ministerios de Interior y Trabajo e Inmigración han suscrito este lunes un protocolo de actuación para documentar los incidentes racistas y xenófobos que se produzcan en España y coordinar actuaciones, que contempla la creación de un grupo de trabajo conjunto de seguimiento orquestado por las secretarías de Estado de Seguridad e Inmigración.

El protocolo, suscrito por el secretario de Estado de Seguridad, Justo Zambrana; y su homóloga en Inmigración y Emigración, Anna Terrón; desarrolla la Estrategia Integral contra el racismo aprobada hace unas semanas por el Gobierno, que, entre otras medidas, impone la recogida de datos estadísticos sobre los incidentes de tipo racista o xenófobo.

Tal y como recoge el Protocolo, la Comisión Europea contra el racismo y la intolerancia del Consejo de Europa insta a que se investiguen todas las infracciones racistas, y también todas aquellas infracciones que tengan una motivación racista, al tiempo que pide a las víctimas y a los testigos de incidentes racistas a denunciarlos.

Por eso, se establece como “objetivo fundamental” fomentar un ámbito de actuación conjunto entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Trabajo e Inmigración para “promover la colaboración entre ambos organismos en la lucha contra el racismo y la xenofobia”.

“Las partes actuarán de forma conjunta y coordinada en la realización de las actuaciones específicas que se desarrollen” y ambas secretarías de Estado promoverán “actividades de formación que contribuyan a la sensibilización de los agentes” a fin de “hacer frente de forma eficaz a comportamientos y actitudes de carácter racista o xenófobo”, según explica el protocolo. ep

Según han explicado en declaraciones a los medios la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Anna Terrón, y la directora General de Integración de los Inmigrantes, Estrella Rodríguez; la recogida de información, que efectuarán las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado al recibir una denuncia, se hará posible con un cambio en la definición del concepto de racismo en España.

En concreto, se trata de adoptar la fórmula de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), según la cual se considera racista toda aquella manifestación que la víctima o una tercera persona consideren como tal. Así quedará registrado en los atestados y así, según Rodríguez, será posible que afloren más casos y que los datos recogidos sean comparables a los del resto de la Unión Europea.

Esta Estrategia debía vincularse a la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación que el Gobierno preveía aprobar en esta Legislatura. Como no llegó a tramitarse, el documento llega en solitario al Consejo de Ministros después de que el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia diera a conocer en su informe 2010 que los autóctonos siguen manteniendo recelos y actitudes de rechazo hacia la diversidad derivada de la inmigración.

“Teníamos instrumentos pero a la vista de las interpretaciones judiciales, hay que afinar más”, ha explicado Rodríguez, para incidir en que España dispone de herramientas para combatir este tipo de discriminación en distintos ámbitos como la educación o el deporte, pero era necesario un documento base que aunara las políticas existentes y sirviera de guía para actuaciones futuras.

Así, la estrategia se articula en tres grandes ejes transversales, como son el análisis y recogida de información sobre los casos de racismo, la coordinación de actuaciones con la sociedad civil y la atención a las víctimas. A partir de estos “pilares”, se detallan los ámbitos de aplicación, como el mundo laboral, el acceso a bienes y servicios o internet, entre otros.

FORMACIÓN POLICIAL Y REFORMA DEL CÓDIGO PENAL

El documento detalla una serie de actuaciones a seguir para garantizar que España se sitúa en línea con el resto de países europeos que disponen de medidas globales anti xenofobia. Entre éstas, destaca la propuesta de modificación de dos artículos del Código Penal, el 510 y el 607, a fin de, por un lado, “pulir” la definición de acto racista para evitar sentencias contradictorias, y, por otro, permitir que se enjuicie a personas jurídicas por actos de esta índole.

En materia de coordinación con la sociedad civil y atención a las víctimas, la Estrategia recoge las actuaciones que se han venido llevando a cabo, como la red de asistencia integrada por distintas ONG a lo largo del territorio, y propone que se refuerce para así llegar a las víctimas potenciales. Además, contempla el diseño de planes específicos para colectivos vulnerables o que sufren discriminación múltiple.

En esta línea, la Estrategia recoge la necesidad de potenciar la formación de los cuerpos policiales, especialmente los locales, y también de las empresas de Seguridad, mediante convenio con el Ministerio del Interior. “No partimos de cero”, ha afirmado Rodríguez, antes de recordar que de unos años a esta parte se han financiado distintos proyectos de formación de agentes en materia de discriminación. ep

Los mismos datos revelan que España organizó el año pasado cinco vuelos de repatriación para deportar a 308 inmigrantes a Colombia, Ecuador, Georgia y Ucrania, en colaboración con la Agencia de Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (FRONTEX). Asimismo, participó en la puesta en marcha de otros cinco vuelos.

En materia internacional, España también colaboró en noviembre y diciembre de 2010 en el primer dispositivo RABIT, que incluyó las operaciones ‘Poseidón’ y ‘Attica’, diseñadas para apoyar a Grecia en el control de las fronteras terrestres para responder a una mayor presión migratoria procedente de Turquía. El dispositivo se prolongó hasta marzo de 2011 y España siguió colaborando.

En cuanto a las fronteras españolas, las fuerzas y cuerpos de seguridad denegaron la entrada a 290.088 inmigrantes a lo largo del año pasado, la mayoría de ellos (281.751) en las fronteras terrestres, 231 personas en las costas y 8.106, en los aeropuertos.

Del total de denegaciones de entrada en el país, en 1.096 casos se rechazó con una resolución motivada mientras que a 280.635 personas “no se les permitió la entrada y no se les entregó la resolución de denegación por escrito”, conforme los datos de Interior.

Por otra parte, el anuario recoge cifras de solicitudes de asilo correspondientes a los nueve primeros meses de 2010. En ese tiempo, 2.240 personas solicitaron protección internacional a España y, en primera instancia, 1.600 recibieron un no por respuesta.

Se aceptaron 405 solicitudes, de las que 185 fueron concesiones de asilo en virtud del Convenio de Ginebra, 215 eran declaraciones de protección subsidiaria y cinco, permisos de residencia por razones humanitarias. En este plazo no se produjo ningún reasentamiento en España de refugiados instalados en terceros países.

En cuanto a la lucha contra redes criminales, en 2010 un total de 71.452 extranjeros fueron aprehendidos por las fuerzas y cuerpos de seguridad; 1.631 personas acabaron arrestadas o incursas en procedimientos penales y 37 víctimas extranjeras de trata de personas con fines de explotación que se encontraban en situación irregular recibieron un permiso de residencia en España por circunstancias excepcionales. ep

El cambio se ha producido gracias a la ratificación y firma del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social entre España y Bolivia que este martes han analizado la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Anna Terrón; y la embajadora boliviana, María del Carmen Almendras.

Hasta ahora, los bolivianos podían acogerse tanto al plan de retorno productivo, por el que se pueden obtener ayudas para la financiación de un proyecto empresarial en el país de origen, como al de atención social si se encontraban en situación de vulnerabilidad, pero si se marchaban del país, lo hacían renunciando a la prestación por desempleo a la que tuvieran derecho por falta de este Convenio.

En cifras, la comunidad boliviana es la quinta nacionalidad extracomunitaria en España, y ocupa el primer puesto en la acogida a los planes de retorno de atención social, con un 20 por ciento del total, según ha informado la Secretaría de Estado de Inmigración.

Tras la reunión con la embajadora, la secretaria de Estado ha destacado que a partir de ahora, “muchos bolivianos podrán retornar a su país con mayores garantías” y ha puesto el acento en la importancia de mantener un diálogo permanente con los países de origen, concertando acuerdos marco de cooperación en materia de inmigración.

El Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, que en palabras de Anna Terrón supone la “construcción del mayor espacio sociolaboral del mundo”, ya ha sido ratificado por siete Estados: además de España y Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador y Portugal. ep

En declaraciones a Europa Press, Paspuel ha explicado que si bien España “ha dado un paso importantísimo” al permitir que ciertos extranjeros voten en las autonómicas firmando convenios de reciprocidad con sus países de origen, es necesario avanzar en esa dirección: permitir el voto en las generales y hacerlo sin necesidad de que se firmen dichos convenios.

“Hay muchas personas que a pesar de estar perfectamente integrados y estar aportando al crecimiento económico y a una sociedad pluricultural y cohesionada no van nunca a poder votar porque hay países con los que esos convenios con imposibles, y siempre se van a ver fuera”, ha señalado.

En su opinión, quienes viven en España por un periodo superior a cinco años “son ciudadanos que ya conocen todo el hacer político del país y que podrían por supuesto intervenir” en las elecciones. “Obviamente conocen a los grandes partidos y están en el día a día, siguiendo la información nacional. Están en un proceso de integración bidireccional, están aportando y esperan recibir de esta sociedad todos los derechos que puede ofrecerle”, ha apostillado.

Paspuel se ha referido a la campaña ‘Aquí vivo, aquí voto’ que pusieron en marcha varias asociaciones de inmigrantes, ONG y grupos de defensa de los Derechos Humanos poco antes de las elecciones municipales y autonómicas y ha incidido en que los principios siguen vigentes, porque se apoya en la idea de que para una ciudadanía integrada todos sus miembros deben tener plenos derechos.

En cuanto a las elecciones generales del 20 de noviembre, Paspuel, que ha llamado a los partidos a evitar el uso de la inmigración como arma electoral, ha pedido a los candidatos que pongan sobre la mesa la integración ciudadana y la gestión de los flujos migratorios para alcanzar un pacto nacional cuanto antes.

“Invitamos a todos los partidos a llegar ya a un consenso porque todos los indicadores apuntan a que Europa y España van a seguir necesitando más inmigrantes cuando pase la situación de crisis económica y si no ponemos hoy todos los correctivos, cuando necesitemos esa mano de obra acabará entrando de nuevo de manera irregular”, ha asegurado. ep

Según ha explicado en declaraciones a Europa Press la coordinadora de Proyecto Esperanza, Marta González, esta es una de las principales aportaciones sobre el borrador del Protocolo que las ONG miembros del Foro Social contra la Trata han trasladado este martes en una reunión a la Secretaría de Estado de Igualdad y a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

La legislación contempla que las víctimas extranjeras de trata de seres humanos tendrán que colaborar con la justicia en la investigación del delito del que han sido objeto para poder acceder a un permiso de residencia o renovar el que ya poseen. Para decidir si dan o no este paso, disponen de un periodo de reflexión de 30 días durante el que reciben apoyo y asesoramiento.

Sin embargo, ni la Ley de Extranjería ni el Reglamento que la desarrolla aclaran qué se entiende por “colaboración con la justicia”. “¿Tendrá sólo que denunciar formalmente o además, necesitará aportar información esencial y relevante para la investigación, que se haya abierto un proceso penal, que se hayan producido detenciones o que exista una sentencia firme?”, pregunta González.

En opinión de estas entidades dado que se trata de “un concepto fundamental a la hora de que la víctima pueda solicitar o se le pueda conceder un permiso de residencia y trabajo tras el periodo de reflexión”, si no se concreta en el Protocolo Marco se incurrirá en “una inseguridad jurídica importante”, que dejará a la persona afectada al arbitrio de la autoridad que evalúe su caso.

En esta línea, reclaman también que se precise qué elementos habrán de ser tenidos en cuenta cuando se analice la “situación personal de la víctima”. “Habrá que valorar su salud, riesgo, posibilidad de rechazo o exclusión en la comunidad de origen si retorna, entre otros factores. Es una valoración que requiere muchos aspectos diferentes y que no se ha definido”, explica.

Asimismo, las organizaciones, que tienen hasta el jueves para registrar por escrito sus propuestas, piden que a la hora de decidir la concesión de un permiso de residencia a una víctima extranjera, se tenga en cuenta si está participando en un programa de apoyo, recuperación con alguna ONG especializada, para que se le pueda dar el permiso de residencia aunque no haya denunciado su caso.

Por otra parte, la Red solicita que se incluya la detección de víctimas de trata en los procedimientos de asilo, ya que el protocolo detalla el modo de actuación en frontera, centros de migraciones, centros de internamiento o inspecciones de trabajo, pero no menciona la protección internacional, cuando, según ha señalado González, “es a raíz de muchas solicitudes de asilo donde se detectan personas que pueden haber sido víctimas de trata”.

GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS ONG

El Foro Social contra la Trata también presentará aportaciones sobre el papel de las entidades especializadas en lucha contra la trata porque consideran “fundamental” que en el protocolo quede “garantizada” su participación en el proceso de asistencia a las víctimas.

“Proponemos que se garantice que desde el primer momento, la autoridad que haya tenido conocimiento de un posible caso de trata va a informar y a contactar a las organizaciones, para que desde ahí se articule la posibilidad de que informemos y asesoremos a la víctima, valoremos sus necesidades básicas, su situación personal y de riesgo, y podamos ofrecerle todos los recursos disponibles”, ha señalado.

Las entidades, que toman el protocolo italiano contra la trata como modelo para esta reivindicación, recuerdan que ONG especializadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deben “desarrollar un trabajo complementario” en la protección de las víctimas. “Cuando lo hacemos es cuando realmente las intervenciones tienen más éxito y se pueden proteger todos los derechos. Debe ser una actuación complementaria y eso debe quedar absolutamente claro y definido en el protocolo”, ha añadido González. ep