El Seminario Permanente sobre Migraciones Internacionales(Intermigra), integrado por abogados y especialistas en derecho españoles, ha denunciado este martes que la expulsión de gitanos llevada a cabo por Francia tiene “elevadas dosis de racismo no exentas de xenofobia”.

“Sorprende muy desfavorablemente que Francia, durante siglos considerada tierra de asilo, actúe con tan elevadas dosis de racismo no exentas de xenofobia”, afirman en un artículo firmado por el presidente de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Pascual Aguelo, y por el catedrático de Derecho Internacional Público, Ángel G. Chueca.

Además, recogen que “llama la atención” que el presidente francés, Nicolas Sarkozy, que es inmigrante de segunda generación, sea el que tome una decisión de esas características.

Para los juristas, el problema “tiene una dimensión europea y debe ser abordado desde ese enfoque global coordinado; pero ello no puede servir de excusa para el ilegal comportamiento del Estado francés”. En este sentido, apuntan que la Unión Europea tiene un “sólido marco legal” para combatir la discriminación.

Precisamente, desde la perspectiva de los Derechos Humanos, acusan a Francia de violar gravemente las normas de la Unión Europea y las del Consejo de Europa. “Disfrazar las salidas como voluntarias apenas disimula un poco el carácter racista y xenófobo de la medida”, agrega.

Además, deja claro que la violación de los derechos se produce sea cual fuere su situación –irregular o legal– porque, según añaden, “no se debe olvidar que contra la inmigración irregular no vale cualquier medida”.

LIBRE CIRCULACIÓN

Por otra parte, apuntan que la medida francesa también vulnera la libre circulación de ciudadanos de la Unión y la libertad de establecimiento de los mismo, así como de sus familiares en virtud de los tratados y de la carta de derechos europeos.

“Lógicamente, al establecerse, estas personas han de cumplir las normas del Estado territorial; la violación de tales normas permite sin duda adoptar sanciones proporcionadas, pero no es una causa de expulsión, reservada para actuaciones que contraríen gravemente el orden público y la seguridad ciudadana, que en ningún caso justifican la expulsión masiva, siempre prohibida”, concluyen.

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Asociaciones de gitanos en España han pedido este martes a la Comisión Europea “una respuesta contundente” a la política francesa de expulsión de Gitanos procedentes de Rumanía y Bulgaria porque es una norma que “no se ajusta a derechos”.

Así, el secretario general de la Unión Romaní, Manuel García, ha señalado que la Comisión debe tomar “una medida ejemplarizante” con respecto a Francia, porque en caso contrario “cualquier país lo podrá hacer”.

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Además, ha apuntado que la postura España en Europa debe ser “firme” y ha criticado que Francia tome como generales actos particulares. “Sarkozy busca populismo, demagogias y cortinas de humo para distraer a los franceses”, ha añadido en declaraciones a Europa Press.

Por su parte, el director general de la Fundación Secretariado Gitano, Isidro Rodríguez, ha señalado que la Comisión Europea “tiene un responsabilidad muy grande” y que espera “una respuesta clara y contundente”.

En este sentido, ha recordado que la comisión “mantiene un papel activo y llama la atención a los estados” en cuestiones que tienen que ver con la competencia pero ha lamentado que no suceda lo mismo cuando “están en juego los Derechos Humanos”.

“EUROPA SE JUEGA SU FUTURO”

Rodríguez ha alabado la políticas políticas de la presidencia española de la UE en favor de la inclusión social de los gitanos y ha pedido a los representantes españoles en Bruselas que sigan esa línea y muestren su rechazo a las medidas del Gobierno francés.

Asimismo, ha apostado en declaraciones a Europa Press por “una sanción ejemplar” para Francia porque “es muy grave lo que está ocurriendo”. “El futuro de la Unión Europea no lo estamos jugando aquí. Tiene que haber una respuesta contundente de la Comisión, del Parlamento, de los estados miembros y de la sociedad civil”, ha concluido.

Reclama al Gobierno de Felipe Calderón acciones para combatir la “violencia sistemática” de la que son víctima los inmigrantes

Amnistía Internacional ha expresado este jueves  su “profunda preocupación” por el asesinato de 72 inmigrantes ilegales procedentes de El Salvador, Honduras, Ecuador y Brasil presuntamente por el cártel de Los Zetas en el estado de Tamaulipas, en el norte de México, y ha pedido al Gobierno que se lleve a la justicia a los responsables y que se adopten medidas contra la “violencia sistemática” de la que son víctimas los clandestinos.

   “Es vital garantizar que los responsables de los asesinatos son identificados y llevados ante la justicia, pero las autoridades deben garantizar también la seguridad de los testigos y establecer rápidamente y de forma fiable la identidad de las víctimas con el fin de que las familias puedan recibir sus restos”, subraya la organización, que pide que haya “disponibles recursos suficientes” para ello.

   “El asesinato a sangre fría de inmigrantes indefensos que intentaban llegar a Estados Unidos (…) es la prueba más clara hasta ahora de la escala y la severidad de los ataques contra los inmigrantes irregulares”, denuncia Amnistía, que en abril ya había criticado en un informe la falta de “medidas eficaces para prevenir y castiga miles de secuestros, asesinatos y violaciones de inmigrantes irregulares”.

   Lo ocurrido en Tamaulipas, subraya la organización, “demuestra los peligros extremos a los que se enfrentan los inmigrantes y la aparente incapacidad tanto de las autoridades federales como de las estatales para reducir estos ataques”. Por ello, considera que “la respuesta de las autoridades a este caso será un examen”.

   En este sentido, Amnistía defiende que “el fracaso del Gobierno federal en demostrar un liderazgo claro en la aplicación de medidas para abordar la violencia sistemática a la que se enfrentan los inmigrantes irregulares debe terminar con la aplicación de un plan de acción claro en el que todas las agencias clave (…) adopten acciones coordinadas y efectivas”.

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El Gobierno francés ha pedido este miércoles a la Comisión Europea que fuerce a Rumanía a que frene la salida del país de gitanos, sugiriendo que podría bloquear la entrada de Bucarest al espacio Schengen si esto no ocurre. La amenaza coincide con la visita a París de dos altos cargos rumanos.

   El primer ministro galo, Francois Fillon, ha escrito al presidente de la Comisión Europea, Jose Manuel Barroso, este miércoles, pidiéndole que adopte medidas para garantizar que los 4.000 millones de euros en fondos europeos entregados anualmente a Rumanía se usan para resolver el problema de los gitanos.

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