La Asociación Sociocultural y de Cooperación al Desarrollo por Colombia e Iberoamérica (Aculco) analizará, durante su XII Congreso de Inmigración que se celebrará en mayo en Madrid, los aspectos “más controvertidos” de la Ley de Extranjería, tanto retos sociales como laborales y contará con la presencia de figuras políticas de los partidos que intervinieron en la reforma, así como de otros actores sociales como sindicatos, ONGs y asociaciones de inmigrantes, según informó hoy la organización en un comunicado.

   Bajo el epígrafe ‘Los inmigrantes frente a la nueva Ley de Extranjería: una visión crítica’, esta ONGD pretende estudiar las repercusiones en la inserción sociolaboral del colectivo inmigrante de la reciente reforma, para lo que contará con la presencia de la diputada socialista Esperanza Esteve y otros representantes de los partidos mayoritarios como el secretario del Área de Inmigración del Partido Popular, Percival Manglano, o la diputada de IU en la Asamblea de Madrid, Inés Sabanés.

   Para analizar las repercusiones de la nueva ley sobre los aspectos laborales, se contará con la intervención de la responsable de Inmigración de UGT, Ana María Corral, y la secretaria de Empleo y Migraciones de CCOO, Paloma López Bermejo. Asimismo, para analizar la participación de los inmigrantes en la citada reforma, acudirán el presidente de la Asociación Ecuatoriana Rumiñahui, Vladimir Paspuel, el presidente de Asociación Solidaria para la Integración Sociolaboral del Inmigrante (ASISI), Hassan Arabi y de la presidenta de ARI-PERU, Rosario Zanabria.

   En cuanto a los retos en el aspecto social, se tratará la ampliación de la estancia en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs) o los cambios en el trámite de reagrupación familiar, así como la posible vinculación entre la crisis económica y la reforma de la mano del secretario general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiago (CEAR), Alfredo Abad, del director de la Asociación Karibú, amigos del pueblo africano, Antonio Díaz de Freijo y del portavoz de SOS Racismo Madrid, Javier Ramírez.

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La consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, advirtió hoy de que “la reducción por parte del Estado de los fondos para la atención de personas inmigrantes pone en peligro las políticas de integración social de este colectivo”.

   “El Estado no puede ni debe cargar la crisis precisamente sobre los colectivos sociales más frágiles, sobre los que mayor exclusión ya sufren, como son las personas inmigrantes”, aseguró en un comunicado Rojas, en alusión a la propuesta del Estado de reducir en un 65 por ciento los fondos destinados a los programas de Acogida y Atención a Personas Inmigrantes para este año.

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El portavoz de Política Social e Inmigración de CiU en el Congreso, Carles Campuzano, anunció hoy que pedirá la comparecencia de la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Anna Terrón, para que explique las razones que han llevado al Ejecutivo a recortar el Fondo para la Acogida, Integración y Refuerzo Educativo de los Inmigrantes desde los 200 hasta los 70 millones de euros.

   Para Campuzano es “una grave irresponsabilidad” por parte del Gobierno ejecutar este recorte superior al 60 por ciento, “especialmente después de los últimos incidentes registrados en municipios con un alto índice de inmigrantes como los sucedidos en Salt (Gerona)”.

   Esta decisión, comunicada por el Ejecutivo ayer a las Comunidades Autónomas en la Conferencia Sectorial de Inmigración es para Campuzano “del todo errónea”, porque en su opinión, en este momento se debería apostar por “incrementar las inversiones en aquellos municipios con más población foránea para contribuir a su integración y evitar su exclusión social”.

   “Con este recorte el Gobierno opta por lo contrario. Es una inconsciencia”, criticó el parlamentario de CiU, quien además, recordó al Gobierno las resoluciones aprobadas en el Parlamento que piden el reintegro de 200 millones de euros para el Fondo.

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El Ministerio de Trabajo e Inmigración confirmó hoy a los consejeros autonómicos del ramo, un recorte en el Fondo de Apoyo para la Acogida, Integración y el Refuerzo Educativo de los Inmigrantes de los 200 millones de euros presupuestados inicialmente a 70 millones.

   Así lo trasladó hoy a las comunidades autónomas la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Ana Terrón, en el transcurso una Conferencia Sectorial, según informaron a Europa Press fuentes de este departamento.

   Esta reducción del 65 por ciento en la partida a integración de inmigrantes se enmarca en el ajuste de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que emprendió el Gobierno el pasado mes de febrero para implantar “austeridad”, frente a la crisis económica.

   Este fondo, creado en 2005 para apoyar a las comunidades y a los ayuntamientos en la gestión de la integración de su población extranjera, nació con un presupuesto de 120 millones de euros que se incrementó hasta alcanzar los 200 millones de euros presupuestados para 2009 antes del recorte.

   El Gobierno ya propuso durante 2009 un recorte del 30 por ciento para este fondo –59 millones de euros–, si bien finalmente el Ministerio de Trabajo e Inmigración restituyó esa cantidad asignada a esta materia en los presupuestos generales de 2010, para situarla en 200 millones de euros.

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