Expertos de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) aseguran que la nueva Ley Orgánica de Extranjería, aprobada ayer en el Congreso de los Diputados, “sigue sin respetar derechos fundamentales de las personas” y lamentan que no se haya aprovechado la ocasión de elaborar una norma “capaz de responder a la actual realidad migratoria” de España.

   Entre los aspectos negativos, este organismo lamenta que se haya aprovechado la adecuación del texto legal a la jurisprudencia constitucional, respecto algunos derechos, para “cercenar” el contenido de otros, como es el “recorte” del derecho a la reagrupación familiar, al padrón o a la vivienda. “Se ha hecho una especie de balanza negativa, que siempre se inclina contra el otro, el extranjero”, denuncia en un comunicado.

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La consejera de Bienestar Social del Gobierno canario, Inés Rojas, ha afirmado hoy que la recién aprobada Ley de Extranjería “no es el final” en cuanto a la lucha de la inmigración clandestina, entre la que se encuentra la de los menores, porque ahora habrá que analizar cómo se regula la nueva normativa.

   Rojas que se mostró contenta con la aprobación de esta nueva norma, aseguró, en rueda de prensa, que “es un principio la Ley pero no es el final” porque el camino se centrará en estos momentos en estudiar cómo se estructura la normativa, “esa es la parte más importante”.

   La nueva Ley contempla, entre otras cuestiones, la ampliación a 60 días el plazo máximo que un inmigrante puede estar privado de libertad en espera de expulsión, limita la reagrupación familiar al cónyuge o análogo e hijos menores, y, además, posibilitará a las ONG y a las entidades privadas asumir la tutela de los menores extranjeros no acompañados, otorgando a las comunidades autónomas competencias para conceder permisos iniciales de trabajo y de residencia circunscrita a su propio territorio.

   Actualmente, según Rojas, el Gobierno de Canarias tutela a unos 1.037 niños, de los que alrededor de 300 se encuentran en diversas comunidades autónomas de la península.

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CiU y CC respaldan el texto por las competencias que reconoce a las CCAA en la gestión de los flujos y los menores inmigrantes.

El Pleno del Congreso de los Diputados dio hoy luz verde por 180 votos a favor a la reforma de la Ley de Extranjería, con el respaldo del Grupo Socialista, CiU y Coalición Canaria y la oposición del resto de la Cámara (163 votos en contra y 3 abstenciones), incluido el PNV, que finalmente no apoyó el texto porque no incorporó su propuesta de establecer un reparto ponderado de los menores inmigrantes desamparados entre las comunidades autónomas.

   La nueva ley ampliará a 60 días el plazo máximo que un inmigrante puede estar privado de libertad en espera de expulsión, limita la reagrupación familiar al cónyuge o análogo e hijos menores, contempla la regularización por violencia de género, refuerza las competencias de las autonomías sobre la extranjería y endurece las sanciones para quienes promuevan la inmigración irregular o el tráfico de personas, entre otras medidas.

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La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Cáritas y la Red Acoge expresaron hoy su “decepción” por la reforma de extranjería aprobada finalmente en el Congreso de los Diputados y que en su opinión, supone “un retroceso” y “una oportunidad perdida” para poner en práctica una “auténtica” política de integración.

   En un comunicado, estas entidades explican que durante la recta final del trámite parlamentario se han introducido en la nueva ley “elementos que se contradicen con una política de inmigración auténticamente orientada a la integración”.

   “Creemos que vincular la concesión de derechos al tiempo de residencia en nuestro país supone, de hecho, un cambio en la política migratoria y un retroceso hacia posiciones que vacían de contenido conceptos como la bidireccionalidad de la integración y el principio de igualdad de trato”, denunciaron las ONG.

   Entre los puntos “más negativos” de la reforma, CEAR, Cáritas y Red Acoge coinciden en destacar que se ha “fragilizado el acceso a derechos” dificultando el acceso al padrón muicipal “con la imposición de graves sanciones a quienes faciliten de forma desinteresada la inscripción en el mismo” y se han mantenido “los recortes” en la reagrupación familiar.

   Asimismo, critican que la norma “somete a una situación de desamparo a las mujeres extranjeras en situación irregular víctimas de violencia de género, incrementa las sanciones contra la población extranjera de forma desproporcionada y se amplía el plazo de internamiento hasta 60 días”.

   En cuanto al tratamiento de los menores inmigrantes, las organizaciones señalan que la reforma considera a estos niños “como inmigrantes irregulares, concediendo un margen de maniobra ambiguo a las Comunidades Autónomas para establecer acuerdos con los países de origen y la gestión de la tutela”.

   “Nuestros legisladores han perdido una oportunidad inmejorable para prestar un verdadero servicio del bien común y a la causa de los derechos humanos: La reforma de la Ley de Extranjería se cierra sin que haya sido posible definir un marco legal para la inmigración atento al amplio consenso social que ha venido expresándose a través de las organizaciones y movimientos ciudadanos”, lamentaron.

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