Varias asociaciones de inmigrantes criticaron hoy la propuesta de recorte sobre las partidas de integración, acogida y refuerzo educativo de inmigrantes que contempla el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, por considerar que esta población “no está para recortes” porque es el sector “más débil” de la sociedad y el más afectado por la crisis económica.

   En este sentido, el portavoz de la asociación Hispano-Ecuatoriana Rumiñahui, Raúl Jiménez, dijo no entender “una rebaja tan drástica en plena crisis económica” y menos teniendo en cuenta que “el Gobierno siempre ha defendido como primordial la política social”. “En este caso la inmigración no ha sido considerada como tal”, lamentó.

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La portavoz socialista de Inmigración en el Congreso, Esperanza Esteve, manifestó hoy que confía en que la cuantía prevista en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado del próximo año para el Fondo para la Acogida e Integración de Inmigrantes se aumente durante la “negociación” de las cuentas públicas con el resto de los grupos parlamentarios.

   Esteve explicó a Europa Press que la partida se ha reducido en el proyecto de ley a la mitad (de 200 a 100 millones de euros) porque ha habido “un claro ajuste general” en los presupuestos del Estado debido a la situación de crisis económica.

   La diputada socialista indicó que el Gobierno central es “muy sensible” a las necesidades que tienen las comunidades autónomas y ayuntamientos para atender a las primeras demandas sociales de las personas inmigrantes en sus poblaciones, por lo que confía en que se arregle “de una u otra manera” durante la tramitación parlamentaria de los presupuestos.

   Esta partida tiene por finalidad potenciar las políticas públicas de las comunidades autónomas y ayuntamientos destinadas a la acogida, integración y refuerzo educativo de los inmigrantes llegados a España.

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La junta directiva de la Federación estatal de asociaciones de inmigrantes y refugiados en España (FERINE) y del Comité Español de ayuda al refugiado (CEAR) sostuvieron hoy una reunión con el embajador de Chile en España, Gonzalo Martner, y le trasladaron sus críticas ante la actual propuesta de reforma de la ley de extranjería (LOEX).

   Los representantes de dichas asociaciones expusieron diversos argumentos críticos a la reforma promovida por el Gobierno de España e instaron al de Chile a que, junto con países del Unión de Naciones Suramericanas (UnaSur), se pronuncien activamente en contra de esta modificación que, según aseguran, “vulnera y lesiona gravemente los derechos de las personas migrantes”.

   Asimismo, anunciaron que se reunirán con los embajadores de Bolivia, Venezuela, Ecuador y Paraguay, con el objetivo de que se unan al pronunciamiento y denuncien “la limitación de los derechos fundamentales de los migrantes y el retroceso que supondrá la ley para la construcción de un espacio de libertad, justicia y convivencia”.

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El Gobierno ecuatoriano pide vencer “la criminalización” de la figura del inmigrante en tiempos de crisis

La Secretaría Nacional del Inmigrante del Gobierno ecuatoriano (SENAMI) cifró este martes en unos 3.000 los inmigrantes ecuatorianos que se vieron obligados a regresar en 2008 de España a su país por la crisis económica, acogiéndose al Plan ‘Bienvenido a Casa’ impulsado hace dos años por el Ejecutivo de Quito para facilitar su regreso.

   El representante de la SENAMI en España, Óscar Jara Albán, consideró que estas cifras demuestran que, pese a la crisis, “no ha habido un retorno masivo” de ecuatorianos a su país de origen.

   El representante de Asuntos Migratorios de SENAMI, Juan Pérez, recordó que aunque el desempleo afecta actualmente en España al 28 por ciento de los inmigrantes, es decir, nueve puntos porcentuales más que a la población española, no cabe inferir que este 28 por ciento “se va a regresar” a sus países de origen.

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