La Dirección General de Integración de los Inmigrantes, dependiente del Ministerio de Trabajo e Inmigración, ha convocado la concesión de subvenciones a entidades y organizaciones no gubernamentales que desarrollen planes que faciliten que los inmigrantes que residan en España y que así lo deseen puedan regresar a sus países de origen, según una disposición del Boletín Oficial del Estado (BOE), recogida por Europa Press.

   El departamento dirigido por Celestino Corbacho especifica en la disposición que la finalidad de estas subvenciones es la promoción de los programas de retorno voluntario, destinados a extranjeros “que se encuentren en situación de vulnerabilidad por estar en riesgo de exclusión social, por tener necesidades especificas, por pertenecer a un colectivo de riesgo o por sus condiciones especiales”.

   Todo ello, agrega la resolución, con la intención de alcanzar un doble objetivo: “garantizar el retorno digno de las personas y favorecer su reasentamiento en la sociedad de la que partieron”. La cuantía máxima de las subvenciones será de 6 millones de euros, y algunos programas serán cofinanciados por el Fondo Europeo para el Retorno.

CRITERIOS DE VALORACIÓN

   A la hora de conceder las ayudas económicas, el ministerio tendrá en cuenta el estudio de la necesidad social de los objetivos propuestos en relación con la cobertura pública o privada existente (máximo 5 puntos) y los objetivos que se pretenden alcanzar por la entidad solicitante, el impacto del proyecto, el número de usuarios y la población a la que van dirigidos (máximo 5 puntos).

   Asimismo, se analizará el contenido técnico del programa, el calendario de realización, la descripción de las actividades concretas que se pretenden realizar y los medios con los que cuenta la entidad para tal fin (máximo 12 puntos).

   Además, se valorará, entre otras cosas, el presupuesto del programa, si cuenta con otras fuentes de financiación, si la propia entidad lo financia, el seguimiento que se hace del plan en el país de retorno y si éste incluye la perspectiva de género. Las organizaciones podrán presentar sus solicitudes hasta finales de septiembre.
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 El primer condenado a pagar una multa de 5.000 euros por el recién instaurado delito de inmigración clandestina es un joven palestino de 28 años, según publicó hoy el diario ‘La Repubblica’.

   La nueva norma, que ha sido impulsada por el Gobierno de centro-derecha que dirige Silvio Berlusconi, entró en vigor el pasado mes de julio y ha generado un intenso debate en Italia, donde numerosos sectores, empezando por el principal partido de la oposición, aseguran que es anticonstitucional.

   Ahora, casi dos meses después de la aprobación definitiva, ha sido pronunciada la primera sentencia de condena contra un joven palestino nacido en Jordania que dice llevar cuatro años y medio en Italia.

   Según el diario, el hombre, de 28 años, fue arrestado a mediados de agosto por robar una bicicleta. “Soy un trabajador, vendo chaquetas de piel y gano dinero limpio. No tengo el permiso de residencia pero un amigo ha dicho que me lo conseguirá”, declaró tras conocer la sentencia.

   ‘La Repubblica’ asegura que además de él, ya han sido acusadas por el mismo delito 38 personas. Asimismo, la nueva ley también se aplicará a los cinco supervivientes del naufragio que la semana pasada se cobró la vida de más de 70 inmigrantes cerca de las costas italianas.

   El Gobierno italiano también ha demostrado su mano dura contra la inmigración con el rechazo directo de al menos 14 barcazas ilegales interceptadas en alta mar. En lugar de conducir a los inmigrantes a Italia, las autoridades italianas ordenaron su repatriación inmediata a Libia, negándoles así el derecho a solicitar asilo político.

   Esta circunstancia ha llamado la atención de numerosas organizaciones humanitarias y también de Naciones Unidas, que ve en este modo de proceder una vulneración de los derechos fundamentales del hombre.

   De hecho, el diario ‘La Repubblica’ publicó hoy que la gran mayoría de los repatriados tenían derecho a asilo político, ya que procedían de países con dudoso respeto de los Derechos Humanos, tales como Eritrea, Somalia o Etiopía.
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Guillermo Ángeles i Fernández*

 La Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados (FERINE) exigió hoy al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que cesen “de una vez por todas” las acciones policiales “xenófobas y racistas” para cubrir un cupo de inmigrantes irregulares detenidos.

   Asimismo este colectivo indicó que el hecho de que el titular de Interior negara en sede parlamentaria estas actuaciones, denota, que “o no se entera de lo que hacen sus subordinados, o falta a la verdad respecto a las acciones que ejecuta la Policía”.

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