El presidente de la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados (FERINE), Víctor Sáez, ha señalado que están “muy contentos” por la marcha del ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, “el peor que ha tenido el Gobierno” y esperan que ahora se “retomen las políticas iniciales del presidente José Luis Rodríguez Zapatero que apuntaban a una integración real de los inmigrantes como ciudadanos españoles”.

   Según ha detallado Sáez a Europa Press, las labores de Corbacho al frente del departamento le han convertido en “el peor ministro que ha tenido el Gobierno de España” tanto “por lo que ha hecho por los inmigrantes” como por “la gran tasa de paro que hay hoy en día” en el país.

   Por ello, le “parece importante que haya un cambio de rumbo en el Ejecutivo para buscar una solución y que la gente más humilde pueda tener trabajo”. “Ésta es la labor que queremos que realice el próximo ministro de Trabajo”, concluye Sáez.

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Asociaciones del mundo de la inmigración se han adherido a un manifiesto de apoyo a la Ley de Acogida y reivindican el catalán como lengua preferente, al tiempo que piden la retirada del recurso interpuesto ante el Tribunal Constitucional (TC) por la Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano.

   Así lo han expuesto en el manifiesto, en el que reclaman un rápido despliegue de la normativa, “haciendo caso omiso del recurso”. Y es que, añaden, no aceptan que el TC “interfiera en una decisión soberana votada con un amplio consenso político y social en el Parlament”.

   “Catalunya debe ser un solo pueblo y esta ley nos lo permite”, aseguran en el documento, donde avalan que el catalán sea la primera lengua en su proceso de acogida, ya que la aceptan como lengua común y de uso social preferente.

   El aprendizaje del catalán, añaden, seguirá con el de la lengua española, por lo que al final del proceso tendrán un conocimiento de ambas lenguas, además de un  buen conocimiento de la sociedad y la cultura catalana.

   Entre las entidades que han suscrito el manifiesto está la Federación de Asociaciones Ecuatorianas de Catalunya (FAEC), la Federación de Asociaciones Pakistaníes (Pak Federació), Iniciativa Sociocultural de Marroquins Actius a Catalunya (ISMAC), la Asociación Catalana de Residentes Senegaleses, Espai Latino y Associació Amics d’Armènia, entre otras.

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El pleno del Parlamento Europeo debatirá la próxima semana sobre la situación de los gitanos en Europa, tras la polémica por las expulsiones de casi un millar de rumanos y búlgaros de esta etnia en Francia y mientras Bruselas examina la legalidad de las medidas adoptadas por el Gobierno de Nicolas Sarkozy.

   La Conferencia de Presidentes, formada por los líderes de los grupos presentes en la Eurocámara, acordó este jueves incluir en el orden del día del próximo pleno, del 6 al 9 de septiembre, un debate sobre “la situación de la población romaní en Europa”, según confirmó el propio presidente de la institución, Jerzy Buzek.

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El Seminario Permanente sobre Migraciones Internacionales(Intermigra), integrado por abogados y especialistas en derecho españoles, ha denunciado este martes que la expulsión de gitanos llevada a cabo por Francia tiene “elevadas dosis de racismo no exentas de xenofobia”.

“Sorprende muy desfavorablemente que Francia, durante siglos considerada tierra de asilo, actúe con tan elevadas dosis de racismo no exentas de xenofobia”, afirman en un artículo firmado por el presidente de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Pascual Aguelo, y por el catedrático de Derecho Internacional Público, Ángel G. Chueca.

Además, recogen que “llama la atención” que el presidente francés, Nicolas Sarkozy, que es inmigrante de segunda generación, sea el que tome una decisión de esas características.

Para los juristas, el problema “tiene una dimensión europea y debe ser abordado desde ese enfoque global coordinado; pero ello no puede servir de excusa para el ilegal comportamiento del Estado francés”. En este sentido, apuntan que la Unión Europea tiene un “sólido marco legal” para combatir la discriminación.

Precisamente, desde la perspectiva de los Derechos Humanos, acusan a Francia de violar gravemente las normas de la Unión Europea y las del Consejo de Europa. “Disfrazar las salidas como voluntarias apenas disimula un poco el carácter racista y xenófobo de la medida”, agrega.

Además, deja claro que la violación de los derechos se produce sea cual fuere su situación –irregular o legal– porque, según añaden, “no se debe olvidar que contra la inmigración irregular no vale cualquier medida”.

LIBRE CIRCULACIÓN

Por otra parte, apuntan que la medida francesa también vulnera la libre circulación de ciudadanos de la Unión y la libertad de establecimiento de los mismo, así como de sus familiares en virtud de los tratados y de la carta de derechos europeos.

“Lógicamente, al establecerse, estas personas han de cumplir las normas del Estado territorial; la violación de tales normas permite sin duda adoptar sanciones proporcionadas, pero no es una causa de expulsión, reservada para actuaciones que contraríen gravemente el orden público y la seguridad ciudadana, que en ningún caso justifican la expulsión masiva, siempre prohibida”, concluyen.

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